Grupos y actores políticos conservadores han puesto en la agenda unaserie de iniciativas para “blindar” la idea tradicional de este núcleo

En noviembre del año pasado, agrupaciones civiles de mujeres en México emitieron una petición para que, desde el poder, cesara la violencia institucional de género. Ésta se ejerce, se aclaraba en el comunicado, a través de las acciones y leyes impulsadas por los tres órdenes de gobierno. El hecho concreto, agregaban, es negar a las mujeres “el derecho a la salud sexual y reproductiva y a ejercer una maternidad libre y voluntaria”.
Hasta esa fecha, 17 estados del País habían reformado su Constitución y su legislación local para criminalizar el aborto. Jalisco es una de esas entidades.
Pero aún más, en un intento por evitar que en el territorio del Estado las personas del mismo sexo contraigan matrimonio por lo civil, se presentó una iniciativa para “blindar” a la familia. La cereza en el pastel fue la propuesta que envió el secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, para obligar a la mujer a consultar a su cónyuge cuando quiera practicarse cualquier intervención quirúrgica de esterilización.
La propuesta para que en Jalisco no se reconociera a las familias integradas por parejas homosexuales fue el pretexto por el que el Partido Acción Nacional (PAN), a través de su fracción en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa para “blindar” a esa institución social.
En la propuesta presentada por los panistas, se habla de la importancia de cuidar a la familia y del papel que ésta juega en la sociedad. Por ello, señalan que es importante “establecer desde la propia Constitución del Estado de Jalisco una definición de familia, la cual recoge sus elementos básicos de composición, a partir de dos o más personas unidas entre sí por alguno de los vínculos que reconoce la propia legislación, como lo es la consanguinidad, la afinidad o la adopción”.

núcleos no tradicionales
Afirman que ese concepto debe establecerse según “los valores de la sociedad jalisciense” y piden que se ponga un “candado” para que no se pueda modificar si la mayoría de los ciudadanos no está de acuerdo, por lo que las reformas sólo podrán llevarse a cabo después de una consulta, a través de la figura de participación ciudadana de plebiscito.
Aunque estos fueron los lineamientos que se definieron en la reforma a la Constitución, que ya fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales, en una votación dividida y que se consolidó a favor por el voto de calidad del presidente de la misma, el priista Jesús Casillas Romero, hay una segunda parte de la reforma en la que sí se excluye del concepto de familia a todos aquellos núcleos no tradicionales, es decir, los que no están conformados por un papá, una mamá e hijos.
La polémica que surgió en torno a este último matiz, detuvo el dictamen que incluye los cambios a la Constitución entre la aprobación en la comisión y su llegada al pleno, sin que se defina aún la fecha para continuar con el trámite.
En la segunda parte de la reforma propuesta por el PAN, se afirma que para hablar de familia, “necesariamente se tiene que pensar en un origen” y éste, aseguran, sólo puede ser el resultado de la “relación natural entre un hombre y una mujer”, de la cual nacen los hijos. Ese origen, precisan, es el “matrimonio”.
En la exposición de motivos, se habla del reconocimiento que existe de otras figuras que pueden tener los mismos fines, como el concubinato. Sin embargo, se expresa que con la reforma, el Estado deberá buscar que las personas adopten figuras jurídicas “más acordes a la relación familiar que establecen o pretenden establecer de manera voluntaria, como es el caso del matrimonio”.
La familia, dicen los panistas, “deviene de un orden natural, que es la posibilidad humana de procrear sólo con la existencia de una relación entre un hombre y una mujer”.
Luego, se hace referencia a las modificaciones que se llevaron a cabo en el Distrito Federal para aceptar los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, así como las resoluciones que ha emitido en este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, señalan que los efectos legales de estas figuras jurídicas no deben ejercerse en Jalisco, donde el matrimonio “está estructurado bajo la concepción y naturaleza que tiene esa figura y que se refiere a la que es celebrada entre un hombre y una mujer”.
La fracción blanquiazul plantea concretamente impedir la adopción en uniones homosexuales, asegurando que es un asunto de “interés público”, ya que debe garantizarse que el desarrollo de las personas sea acorde “a los principios, valores y costumbres adoptados por la sociedad jalisciense para su mejor desarrollo y en ella no cabe la posibilidad de que lo realicen personas unidas bajo vínculo matrimonial del mismo sexo”.
Piden que la restricción se dé para evitar que los niños sufran “trastornos de personalidad y adaptación social”, así como dificultades para relacionarse con otros niños, lo que los colocaría en una situación de discriminación.
Para que fuera posible la aprobación de esta reforma, la iniciativa del PAN fue separada y se votaron primero los cambios a la Constitución, para establecer en general el concepto de familia como aquella que se “integra por dos o más personas unidas y emparentadas entre sí que, como comunidad afectiva de convivencia, potencia el libre desarrollo de todos sus miembros”.

‘reforma discriminatoria’
Para los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se aprobó un dictamen diferente al que se había analizado, al separar la reforma constitucional del resto. Además, aseguran que la reforma es “discriminatoria, se origina de falacias axiológicas basadas en la exclusividad de valores y buenas costumbres que se supone caracterizan a las  familias tradicionales”.
Además, acusaron al PAN de querer imponer desde la Constitución una visión “dogmática, intolerante, excluyente, voluntariosa, rabiosa y homofóbica”.
El diputado perredista Raúl Vargas López presentó un voto particular en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales en la que se dio luz verde a la reforma constitucional. En éste, recuerda que México es uno de los 66 firmantes de la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la Asamblea Genera de las Naciones Unidas, la cual, en su principio 21, señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, con independencia de su orientación sexual o identidad de género”.
Además, el principio 24 prevé que “toda persona tiene derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género”.

pelea en otro frente
El llamado “blindaje a la familia” es además impulsado desde otro frente. El 14 de diciembre del año pasado, los panistas Daniel Galegos Mayorga y Cecilia Carreón Chávez presentaron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana una iniciativa popular para reformar el Título Cuarto del Código Civil del Estado, referente a la familia.
En esta iniciativa, se es más preciso con el objetivo que se persigue, al establecer que “familia es el grupo humano primario, natural e irreductible que se forma por la unión de la pareja hombremujer y sus hijos”. El resto de las propuestas se refieren a la vía por la que el Estado debe garantizar y proteger los derechos de   las familias.
A diferencia de la anterior iniciativa popular que presentó este grupo de panistas, que ha sido impulsado por el secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, y que además busca su registro oficial como agrupación política ante el Instituto Electoral, ahora sí la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral decidió verificar las firmas que la respaldan. Para ello, se acudirá al Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, según acuerdo del 23 de febrero pasado.
En la reforma “antiaborto”, esta corriente de panistas, en la que participan activamente la esposa de Fernando Guzmán y la del gobernador Emilio González, Imelda Guzmán, logró que prosperara, sin que se revisara la autenticidad de las firmas, la iniciativa para modificar la Constitución y “blindarla” contra el aborto. En el Congreso local, también consiguieron el apoyo y, de esta forma, se estableció como obligación del Estado cuidar la vida “desde la concepción” y “hasta la muerte natural”.
Es Fernando Guzmán también quien impulsa la iniciativa que se ha conocido como “esterilidad voluntaria”. En ésta, se prevén varios cambios a la legislación civil y penal.
En el caso del Código Civil, se propone establecer como “obligación y derecho” generado por el matrimonio, la decisión “conjunta” de cuántos hijos quiere tener la pareja y el espaciamiento de los mismos. Esto, a pesar de que la Constitución federal señala claramente que se trata de un derecho individual.

el permiso del cónyuge
Además, plantea cambios en el Código Penal, para crear el delito de “esterilización provocada”, el cual se cometería cuando un médico practique una intervención quirúrgica que detenga la procreación de manera definitiva “sin el consentimiento expreso de quien tenga legitimación para otorgarlo, conforme a las disposiciones legales aplicables”.
La interpretación que se ha dado a esta combinación de reformas, es que las “disposiciones legales aplicables” en este caso son las señaladas en el Código Civil. Por ello, la “legitimación” para otorgar el consentimiento, sería de los cónyuges.
El secretario de Gobierno ha rechazado que ese sea el objetivo de la reforma. Sin embargo, no ha podido aclarar la necesidad de los cambios, ya que salvo el intento de “amarrar” la decisión de la mujer sobre la maternidad a la consulta a su cónyuge, el resto del contenido de su reforma ya está previsto en la legis lación actual.
Este cambio afectaría principalmente a las mujeres, ya que según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por cada hombre que se hace la vasectomía, hay siete mujeres que se esterilizan; la Secretaría de Salud maneja una proporción de quince a uno y la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, treinta a uno. Médicos privados sostienen que pudiera ser de hasta cincuenta a uno, según el diputado Raúl Vargas, pediatra de profesión.
La necesidad de incluir este delito todavía no ha podido acreditarse. Incluso, el secretario de Salud en la entidad, Alfonso Petersen Farah, ha rechazado que exista algún reporte de casos de personas que son esterilizadas sin su consentimiento.
La iniciativa de Fernando Guzmán también contempla cambiar la sanción de cárcel por trabajo comunitario para quien incumpla con el pago de la pensión alimenticia.

* periodista especializada en procesos políticos.