Semana 50 / 14 de Diciembre de 2017
Delincuencia
El futuro marcado por el miedo

Guadalajara Jal. Febrero 2011

Esta año se ve marcado por ominososo signos. La violencia que jalisco había evitado, en menor o mayor medida, parece habernos alcanzado.

El fuego que viene del surpodría convertir en cenizas la seguridad, tranquilidad y bienestar de los másde 4 millones de personasque habitan en la ZonaMetropolitana de Guadalajara y atrapara la más importante área conurbada deJalisco en la fatal dinámica de la violencia salvaje, que ha dejado una estela dedesolación, dolor y muerte en prácticamente todas las regiones del país.
Los signos ominosos que anuncian unporvenir plagado de riesgos y sobresaltosquedaron claramente definidos desde elcierre del 2010, cuando en nuestra entidad hubo un balance final de 519 ejecutados en acciones vinculadas con algunaexpresión del crimen organizado, segúnse pudo documentar en datos recabados de los periódicos Mural, Público y   El Informador.
El segundo semestre del 2010 estuvo determinado por el siguiente balance: 47 ejecutados en julio; 63 en agosto; 40 en septiembre; 60 en octubre; 76 en noviembre y 57 en diciembre. El 2011 empezó con una cuota alta: 57 ejecuciones en enero, y apenas iniciado febrero con los primeros “narcobloqueos” que esta ciudad haya visto.
Hace apenas siete años, en abril del 2003, Monterrey fue señalada por la revista América Economía como la mejor ciudad mexicana para vivir y la cuarta de toda Latinoamérica para hacer negocios. Otras publicaciones estadounidenses la consideraban una ciudad modelo, según publicó el periódico Mural el pasado miércoles 11 de noviembre del 2010.
El martes 30 de marzo del 2010 la consultora internacional KPMG (una red global de firmas profesionales que operan en 144 países través de más de 133 mil profesionales, brindando servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría), dio a conocer en la ciudad de Toronto, Canadá, un documento denominado “Alternativas competitivas: guía de KPGM para la localización internacional de negocios”.
Se estudiaron durante seis meses 26 indicadores de calidad de vida, competitividad y seguridad en 112 ciudades de diez países, entre los que se incluyó a los integrantes del Grupo de los Siete: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.
En una gran mayoría de los indicadores, Monterrey fue clasificada como la ciudad número uno de entre las 112 metrópolis estudiadas.
Hoy, la Sultana del Norte está incluida entre las ciudades más inseguras y peligrosas del País y de Latinoamérica, tanto por la Procuraduría General de la República como por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Las ejecuciones, las balaceras entre bandas de delincuentes y entre delincuentes y las fuerzas del orden, los secuestros y los cobros por derecho de piso, han dinamitado el futuro de esta ciudad norteña.
Algunos de esos signos empiezan a expresarse en algunas regiones de Jalisco.
Padecen acoso los aguacateros de la región de Ciudad Guzmán; lo mismo que restauranteros, hoteleros y comerciantes de Puerto Vallarta en la Costa Norte, y similares presiones experimentan ya algunos industriales y comerciantes del mercado de abastos, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El diablo suelto
Las puertas del infierno fueron abiertas de par en par y los demonios escaparon después de la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, ultimado por una unidad de élite de la Marina Armada de México el pasado jueves 29 de julio del 2010 en Colinas de San Javier, a quien el Gobierno ubicaba como el principal jefe del narcotráfico en Jalisco, en representación y sociedad con el Cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
Desde el pasado miércoles 21 de julio del 2010 el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, dijo que existía la presunción de que tres bandas de narcotraficantes se habrían aliado para tratar de controlar Jalisco: el Cártel de La Familia Michoacana, el Cártel de Los Valencia y el Cártel del Golfo, que pretenderían desplazar al Cártel de Sinaloa, en el cual tienen singular relevancia Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”; Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, y el ahora fallecido Ignacio Coronel Villarreal, quien era el jefe formal de la plaza en Jalisco.
Los integrantes de esta nueva alianza pretenderían penetrar el Estado por la región este de Jalisco, que incluye Municipios como Tizapán el Alto, Mazamitla, Valle de Juárez y Quitupan. Otro grupo incursionaría por el sureste de Jalisco, en la región de Ciudad Guzmán, Gómez Farías, Zapotiltic, Tecalitlán, Jilotlán de los Dolores y Pihuamo.
Según versiones de los mismos cuerpos de seguridad, habría una fracción de pistoleros michoacanos, desprendida del Cártel de Los Valencia, que administraría en la zona metropolitana el negocio del narcomenudeo, como una concesión que le fue otorgada por el Cártel de Sinaloa, que hasta la fecha sigue dominando la plaza. La disputa de este mercado en particular, sería la principal razón de la feroz lucha que ha sembrado de cadáveres la zona metropolitana.
El cuarto grupo en discordia en esta lucha por el control de Jalisco, según fuentes de la Policía, sería el Cártel de Los Zetas, que pretendería penetrar a la entidad principalmente por las regiones Norte, Los Altos y la de los valles centrales, donde ya habría establecido en forma intermitente algunas bases operativas.
En este esquema, se ha ido consolidando la idea de que las Policías de los cinco principales Municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que juntas suman actualmente más de 7 mil elementos, tendrían que trabajar coordinadas para defender un interés común, como si fueran un solo bloque.
Esa tendría que ser la preocupación de los presidentes municipales de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; de Zapopan, Héctor Vielma Ordóñez; de Tlaquepaque, Miguel Castro Reynoso; de Tonalá, Juan Antonio Mateos Nuño, y de Tlajomulco de Zúñiga, Enrique Alfaro Ramírez.

Muertos por el deber
Entre los 519 ejecutados en Jalisco durante 2010 hubo al menos 39 elementos vinculados a alguna dependencia que realiza tareas de prevención o investigación del delito, en los ámbitos municipal, estatal o federal.
Tan sólo entre octubre y noviembre pasados fueron ultimadas en el estado 23 personas relacionadas con tareas oficiales de seguridad.
Desde enero hasta el cierre del año 2010, fueron asesinados en Jalisco tres directores de Policías Preventivas municipales, un subdirector y cinco comandantes. También cayeron en el cumplimiento de su deber 15 policías preventivos de línea (entre ellos cuatro custodios del penal de Ciudad Guzmán).
Fueron ultimados por la delincuencia un delegado regional, tres comandantes y cinco policías investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que encabeza Tomás Coronado Olmos.
También fueron sacrificados por bandas delictivas cuatro elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, un ex policía investigador de la Procuraduría estatal y un ex policía preventivo de Guadalajara.

La tierra caliente
Hay dos hechos que desnudaron la gravedad del problema. El primero ocurrido el pasado jueves 28 de octubre, cuando nueve policías preventivos estatales fueron emboscados y asesinados por una banda de narcotraficantes provenientes de un estado vecino, muy cerca del Municipio jalisciense de Jilotlán de los Dolores, en el camino que conduce a la Presa Chilatán, en las colindancias con Tepalcatepec, Michoacán.
El segundo incidente, igualmente grave, ocurrió la noche del pasado viernes 10 de diciembre, cuando se enfrentaron en la plaza principal de Tecalitlán dos bandas de pistoleros, con un saldo de por lo menos 13 personas muertas y 27 heridas.
En ambos casos se presume que los agresores ingresaron desde Tepalcatepec, Michoacán, un centro clave para el narcotráfico. Esa población es la última punta, en el este del territorio michoacano, del peligrosísimo eje delictivo que en forma transversal cruza tierra caliente y se comunica directamente con Apatzingán y Uruapan, dos de las poblaciones en donde fuerzas del Gobierno federal combaten desde el miércoles 8 de diciembre del 2010 contra los sicarios del llamado cártel de “La Familia”.
En Tepalcatepec se articulan actividades delictivas hacia una amplia región que abarca las poblaciones michoacanas de Coalcomán de Matamoros, Buenavista Tomatlán, Carrillo Puerto, Sahuayo, Jiquilpan y Aguililla.
El grupo delictivo que opera desde Tepalcatepec pone en riesgo la seguridad de una amplia región del sureste jalisciense, que incluye Municipios como Jilotlán de los Dolores, Tecalitlán, Tuxpan, Ciudad Guzmán y Tamazula de Gordiano. Pero igual amenaza la frontera este de la entidad, pues desde Sahuayo y Jiquilpan, Michoacán, se penetra hacia las poblaciones jaliscienses de Quitupan, Valle de Juárez, Tizapán el Alto, Jocotepec, Chapala, Ocotlán y La Barca.

Corrupción e impunidad
El Secretario general de Gobierno de Jalisco, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, dijo el pasado lunes 17 de enero que la administración estatal promoverá en el Congreso local una iniciativa para que se establezca la cadena perpetua en contra de quienes asesinen a elementos de seguridad pública en funciones.
El establecimiento de sanciones más severas no tendrá algún efecto práctico si se siguen cometiendo los mismos errores, las mismas omisiones deliberadas o por negligencia y se perpetúan las muy reiteradas perversiones de un sistema de procuración de justicia ineficiente, malsano, arcaico, perverso, desvergonzado, que está más orientado a fabricar culpables y encarcelar inocentes, que a descubrir y atrapar a los verdaderos quebrantadores de las leyes.
De manera alguna podríamos ignorar que también hay una muy considerable y notoria cofradía de sinvergüenzas en juzgados y tribunales, donde la justicia está sujeta a la muy descarada ley de la oferta y la demanda, donde el dinero lubrica una perversa cadena de omisiones o distorsiones en favor de quienes tienen el poder o la fuerza económica o de las armas, para condicionar o torcer el rumbo de la justicia.
En los ámbitos de la prevención, la procuración y la administración de justicia, se requiere una profunda reforma ética, moral, profesional, para depurar las instituciones y extirpar la profunda corrupción en la que se incuba la impunidad.
De nada serviría que los policías tuvieran mejores armas, patrullas y capacitación; o que intervinieran el Ejército y la Marina Armada de México; o que aumentara substancialmente el número de agentes judiciales o investigadores; o que se construyeran más cárceles, con sensible incremento del personal penitenciario; o que se establecieran nuevos juzgados y se incrementara la plantilla de juzgadores, si no se combate la corrupción generalizada, en la que se incuba   la impunidad.

*periodista y analista político.

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